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19 agosto 2019
03 junio 2019
20 marzo 2019
14 febrero 2019
02 noviembre 2018
18 julio 2018
La megaestafa del Banco Central Europeo a favor de la banca privada y en contra de los Estados y de sus ciudadanos. La usura a gran escala que los Gobiernos consienten es una de las causas de la pérdida de soberanía nacional y de poder adquisitivo de los Estados. Nos roban con los intereses que pagamos a la banca la cual nos presta DINERO PUBLICO QUE LES REGALA EL BCE endeudándonos para siempre. Todo lo que pagamos al día en intereses valdría para infraestructuras, sanidad, pensiones, educación y servicios sociales. Sólo debemos votar a movimientos o partidos que se comprometan de verdad (no como Podemos) a denunciar la megaestafa y abolirla. La ciudadanía debiera unirse por encima de la polaridad izquierda/derecha frente a estas situaciones clave en nuestro presente y futuro
RECOMIENDO LEER "LOS MITOS DEL BANCO CENTRAL EUROPEO" DEL PROFESOR NAVARRO
29 abril 2016
29 diciembre 2015
15 septiembre 2015
Histórica resolución de Naciones Unidas impulsada por Argentina. El principio del fin de la impunidad y abuso de los fondos buitre sobre los pueblos y las naciones. Atención al discurso final de Cristina Fernández. Una POLÍTICA con mayúsculas. La República Argentina se merece el mejor de los brindis
09 abril 2015
Señales positivas del nuevo gobierno griego. La auditoría de la deuda y el señalamiento de la parte ilegal es fundamental y un punto de partida básico para cambiar realmente algo en este sistema esclavo
Grecia pone en marcha un grupo de expertos para auditar su deuda
La comisión, coordinada por el politólogo Éric Toussaint, presentará su informe a finales de junio, coincidiendo con varios pagos al BCE.
ATENAS.- La presidenta del Parlamento griego, Zoé Constandopulu, anunció este martes la creación de una comisión internacional de expertos que llevará a cabo una auditoría de la deuda pública y será coordinada por el politólogo belga Éric Toussaint.
Constandopulu destacó en rueda de prensa que Grecia debe realizar una auditoría de su deuda "para saber qué parte de esta deuda ha sido utilizada para el bien común y por tanto, es legal y debe ser pagada, y qué parte ha sido malgastada y, por tanto, es ilegal".
La presidenta del Parlamento señaló que la auditoría de la deuda "es un deber hacia las generaciones futuras, porque tendrán que pagar sin tener ninguna responsabilidad".
Éric Toussaint, portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, se preguntó si a la hora de firmar el primer y el segundo plan de rescate en Grecia se tomaron en cuenta "las disposiciones de la Constitución griega, del Tratado de Lisboa y de las constituciones de los estados miembros que prestaron 153.000 millones de euros a Grecia".
Constandopulu destacó en rueda de prensa que Grecia debe realizar una auditoría de su deuda "para saber qué parte de esta deuda ha sido utilizada para el bien común y por tanto, es legal y debe ser pagada, y qué parte ha sido malgastada y, por tanto, es ilegal".
La presidenta del Parlamento señaló que la auditoría de la deuda "es un deber hacia las generaciones futuras, porque tendrán que pagar sin tener ninguna responsabilidad".
Éric Toussaint, portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, se preguntó si a la hora de firmar el primer y el segundo plan de rescate en Grecia se tomaron en cuenta "las disposiciones de la Constitución griega, del Tratado de Lisboa y de las constituciones de los estados miembros que prestaron 153.000 millones de euros a Grecia".
El conocido politólogo consideró que los
créditos para pagar contratos que se han demostrado que son
fraudulentos, como los de la multinacional alemana Siemens, forman parte
de lo que sería la deuda ilegal. Toussaint aseguró que la comisión de
la auditoría tomará también en cuenta "los informes de la Comisión de
los Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre las consecuencias de
los programas de rescate en materia de Derechos Humanos en Grecia".
SIGUE LEYENDO: http://www.publico.es/internacional/grecia-pone-marcha-grupo-expertos.html
12 enero 2015
La gran estafa del rescate a Grecia y de la deuda pública de los Estados de Europa del que se beneficia mafiosamente la banca. Las auditorías de deuda pública podrían destaparlo. Comienza la campaña del miedo en Grecia y España
Éric ToussaintDoctor en ciencias políticas, portavoz del CADTM internacional. Auditor de la deuda del Ecuador en 2007-2008. Autor de Bancocracia.
Desde el anuncio de elecciones en Grecia el 25 de enero de 2015, la posibilidad de que Syriza salga victoriosa en las urnas y forme gobierno se ha presentado como una amenaza para la opinión pública internacional, y particularmente para la de la eurozona. Sin embargo, aquellos que hacen saltar la alarma saben perfectamente que Syriza anunció que no suspenderá el pago de la deuda ni saldrá del euro una vez llegue al gobierno. Syriza propone una renegociación de la deuda a escala europea y desea que Grecia permanezca en la eurozona. En cambio, Syriza se compromete a poner fin a las medidas de austeridad, injustas y antisociales implementadas por los anteriores gobiernos y la Troika.
Esta campaña sobre las supuestas amenazas que representa Syriza pretende intimidar al electorado griego con el fin de que renuncien a su derecho al cambio. De igual modo pretende poner a una parte de la opinión pública europea en contra de la coalición de izquierda radical griega para intentar evitar que, acto seguido, Podemos en España pueda ganar las elecciones en otoño de 2015.
La deuda reclamada a Grecia representa el 175 % de la riqueza producida en el país en un año y supone un lastre insostenible para el pueblo heleno.
¿Qué pasará si Syriza, una vez en el gobierno, decidiera tomar literalmente el artículo 7 de un reglamento adoptado en mayo de 2013 por la Unión Europea para los países sometidos a un plan de ajuste estructural? He aquí el texto completo del punto 9 del citado artículo 7: “Un Estado miembro sometido a un programa de ajuste macroeconómico efectuará una auditoría exhaustiva de sus finanzas públicas a fin, entre otras cosas, de evaluar las razones por las que se ha incurrido en niveles excesivos de endeudamiento y de detectar cualquier posible irregularidad.”(1)
El gobierno de Antonis Samaras se abstuvo de aplicar esta disposición del reglamento a fin de ocultar a la población griega los verdaderos motivos del aumento de la deuda y las irregularidades vinculadas al respecto. En noviembre de 2012, el Parlamento dominado por la derecha había rechazado la moción presentada por Syriza para la creación de una comisión de investigación sobre la deuda, con 167 votos en contra, 119 a favor y cero abstenciones.
Está claro tras una victoria electoral de Syriza, el gobierno que se forme bajo su liderazgo podría perfectamente tomarle la palabra a la Unión Europea al constituir una comisión de auditoría de la deuda (con participación ciudadana) con el propósito de analizar el proceso de endeudamiento excesivo de Grecia para desvelar las posibles irregularidades e identificar las partes que sean ilegales, ilegítimas, odiosas… de esa deuda.
Algunos elementos clave que la realización de la auditoría podría sacar a la luz:
La deuda griega, que representaba el 113 % del PIB en 2009 antes del estallido de la crisis en el país y la intervención de la Troika, que posee 4 / 5 partes de esa deuda, pasó al 175 % del PIB en 2014. Por tanto, a la intervención de la Troika le ha seguido un aumento muy fuerte de la deuda griega.
A partir de 2010 y hasta 2012 los créditos concedidos por la Troika a Grecia sirvieron en gran parte para rembolsar a los acreedores durante ese período, a saber, los bancos comerciales de las principales economías de la UE, comenzando por las entidades alemanas y francesas.(2) Cerca del 80 % de la deuda griega en 2009 estaba en manos de bancos comerciales de países de la UE. Entre estos, solo los bancos alemanes y franceses mantenían en torno al 50 % del total de títulos públicos griegos.
Una auditoría de la deuda griega mostrará que los bancos comerciales europeos aumentaron con intensidad sus créditos a Grecia entre finales de 2005 y 2009 (los créditos se incrementaron en más de 60 mil millones de euros, pasando de 80 mil millones a 140 mil millones) sin considerar la capacidad de Grecia para devolverlos. Los bancos actuaron de manera temeraria, convencidos de que las autoridades europeas vendrían en su auxilio en caso de problema.
La auditoría mostrará que el presunto plan de rescate a Grecia puesto en marcha por las autoridades europeas con la ayuda del FMI, ha permitido en realidad que los bancos de algunos países europeos con un peso decisivo en las instancias europeas, continúen recibiendo los reembolsos de Grecia transfiriendo el riesgo a los Estados a través de la Troika. No es Grecia quien ha sido rescatada, sino un puñado de grandes bancos comerciales europeos implantados principalmente en los países más fuertes de la UE.
La auditoría analizará la legitimidad del plan de rescate. ¿Resulta este conforme a los tratados de la UE (principalmente el artículo 125, que prohíbe a un Estado miembro hacerse cargo de los compromisos financieros de otros Estados miembros)? Los prestamistas públicos en 2010 (es decir, los 14 Estados miembros que concedieron préstamos a Grecia por un total de 53 mil millones de euros, el FMI, el BCE, la Comisión Europea, etc.), ¿han respetado el principio de autonomía de la voluntad del prestatario, a saber Grecia? ¿O se han beneficiado de su angustia ante los ataques especulativos de los mercados financieros para imponerles contratos que van en contra de su propio interés? Estos prestamistas, ¿han impuesto condiciones leoninas, sobre todo al exigir para su devolución tipos de interés exagerados?(3)
Se trata asimismo de auditar la acción del FMI. Sabemos que en el seno de la dirección del Fondo varios directores ejecutivos (en especial el de Brasil y el de Suiza) mostraron grandes reservas con respecto al préstamo acordado por el FMI, afirmando sobre todo que Grecia no sería capaz de devolverlo dadas las políticas que le eran impuestas.(4)
SIGUE LEYENDO: http://blogs.publico.es/dominiopublico/12090/y-si-syriza-le-toma-la-palabra-a-la-ue-y-audita-la-deuda-de-grecia/
31 agosto 2012
Ecuador nos abre una vía de escape ante la deuda
UN EJEMPLO PARA UNA EUROPA EN CRISIS
Ecuador se negó a pagar la deuda y prosperó
Como España hoy, hace unos años, Ecuador era el país sudamericano que más parte de su presupuesto consagraba al pago de su deuda soberana. En 2005, Quito atribuyó el 40% del presupuesto público al pago de los intereses de la deuda mientras los gastos de sanidad y educación se reducían al 15%. Se satisfacía primero a los acreedores extranjeros, en detrimento de las necesidades fundamentales de la población. Un endeudamiento ilegítimo, una dependencia económica y financiera y un aumento de las desigualdades constituían las principales características de aquel Ecuador. Ante ese estado de hechos, en noviembre de 2006, a través de la vía electoral, los ecuatorianos llevaron a Rafael Correa a la presidencia de la República. Y con él todo cambió.
Al asumir el cargo en enero de 2007, Rafael Correa preconizó una “Revolución Ciudadana”, no violenta y democrática, que favoreciera la integración, la solidaridad y la equidad. Para alcanzar tales objetivos, era necesario asumir el poder a fin de transformarlo en poder popular, para provocar cambios en las estructuras desiguales existentes, puesto que el verdadero desarrollo sólo es posible a través de la modificación de las relaciones en el seno de la sociedad.
Correa decidió optar por la vía alternativa de dedicar los fondos estatales al gasto social y productivo, reduciendo de forma significativa la proporción del presupuesto asignada al pago de la deuda externa, y aumentando considerablemente la inversión humana. La realización de esta política fue posible gracias, en gran medida, a los resultados de la auditoría de la deuda externa y al rechazo de las deudas consideradas ilegítimas. Para lograrlo, Ecuador tuvo que atravesar un camino plagado de obstáculos.
En el periodo de 1982 a 2006, la deuda externa en su totalidad (privada y pública) no hizo más que aumentar. Las ligeras “correcciones” derivadas de las diferentes condonaciones y renegociaciones nunca llegaron a frenar su vertiginoso ascenso, que pasó de 241 millones de dólares en 1970 a 17.000 millones de dólares en 2006. Representó como media, en el conjunto del mismo periodo, casi el 61% del producto interior bruto (PIB). Ecuador padecía entonces una verdadera hemorragia: si se calcula la diferencia entre las sumas recibidas de los prestamistas extranjeros y las sumas reembolsadas, se constata que la transferencia neta respecto a la deuda era negativa.
En ese periodo, más de 13.500 millones de dólares salieron de Ecuador para reflotar a los diferentes acreedores extranjeros. Así pues, esa lacra se fue transformando en un instrumento de dominación y de expolio de los países deudores, concebido por y para los países acreedores y las instituciones financieras internacionales. Además, Quito transfirió más de mil millones de dólares a los organismos multilaterales –Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de desarrollo de América Latina, Fondo Monetario Internacional– y, sin embargo, su deuda aumentó.
Los intereses de la deuda representaban, en 2004, el 145% de los ingresos fiscales petroleros y, en 2006, el 200%... Si esta tendencia se hubiera mantenido, Ecuador hubiera agotado sus reservas petroleras en 25 años sin haber invertido esa riqueza en apoyar su desarrollo. Por otra parte, sólo el 14% de las sumas prestadas entre 1989 y 2006 se utilizaron para proyectos de desarrollo (agua potable, energía, irrigación, transportes, telecomunicaciones, infraestructura social y apoyo a las empresas). El 86% restante sirvió para devolver el capital y los intereses de la deuda externa.
El presidente Rafael Correa se comprometió a poner fin a semejante círculo vicioso del pago de la deuda y de acuerdos para la refinanciación de todo tipo. Para ello, creó la “Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público” (CAIC) el 7 de julio del año siguiente. El Gobierno pretendía de ese modo impulsar la identificación de las deudas ilegítimas, tanto con los acreedores multilaterales (BM, FMI, BID) como con los acreedores bilaterales. En base a los resultados de la auditoría, Ecuador renegociaría entonces el pago de la deuda externa. Decidió no pagar las deudas que no hubieran beneficiado a la población o que se hubieran contraído de forma fraudulenta, y emprender acciones jurídicas contra los responsables de la situación de endeudamiento.
La posición de Correa fue clara: la deuda externa se pagará en la medida en que no afecte a las prioridades del desarrollo nacional. Posición que no excluye la opción de una moratoria si la situación económica lo exige. El Gobierno se posicionó así como “país acreedor” frente a una deuda ya ampliamente pagada y de la cual una buena parte era ilegítima, lo que justificaba su no devolución.
Un ejemplo de deuda ilegítima fue la decisión del Gobierno noruego de anular la deuda ecuatoriana. A finales de los años 1970, la industria noruega de construcción naval se encontraba en mala situación. Oslo decidió poner en marcha una “Campaña de exportación de navíos” y se aprobaron numerosos préstamos sin considerar la realización efectiva de los proyectos previstos ni la capacidad de reembolso de los países deudores. De los 36 proyectos concluidos con 21 países, sólo dos consiguieron satisfacer su deuda. Ecuador fue uno de los países que no llegó a hacerlo. Gracias a la presión de activistas por la anulación de la deuda tanto en Noruega como en Ecuador, el Parlamento y el Gobierno noruegos terminaron por tomar conciencia de que tales actuaciones eran inadmisibles. El 2 de octubre de 2006, el ministro noruego de Desarrollo Internacional anunció la anulación de la deuda para los países que, como Ecuador, aún debían entonces 36 millones de dólares.
Las renegociaciones con los acreedores internacionales habían empezado en 1983 cuando la deuda comercial de las empresas privadas ecuatorianas pasó a ser responsabilidad del Estado, ya que éstas no tenían recursos para cumplir con sus obligaciones económicas (como pasa hoy en España con los bancos). El proceso de renegociación conoció diversas peripecias, pero las cosas no cambiaron realmente hasta que, en 2007, siete meses después de su elección, el presidente Correa decidió crear la CAIC. Las conclusiones mostraron que numerosos préstamos habían sido concedidos violando reglas elementales del derecho internacional.
Como ocurre hoy en Grecia, en Portugal o en España, esas condiciones de crédito aceptadas obligaron a Ecuador a iniciar reformas estructurales que garantizaran modelos de pago de la deuda, en detrimento del crecimiento económico y de los derechos sociales de la población.
Se llegó así a la sexta renegociación, en noviembre de 2008. Quito decidió suspender el pago de títulos de deuda con fecha de vencimiento, algunos para 2012, y otros para 2030. Rafael Correa propuso una reestructuración de la deuda, no por falta de dinero, sino porque existían indicios de ilegitimidad y de ilegalidad de la deuda. El Presidente Correa señaló que la renegociación debía tener en cuenta, no sólo las exigencias de los acreedores, sino también las demandas del Gobierno, tomando ante todo en consideración las posibilidades de pago del país, únicamente después de haber satisfecho las necesidades sociales del pueblo.
En junio de 2009, Ecuador consiguió readquirir títulos de deuda por valor de 3.200 millones de dólares por sólo 900 millones de dólares, es decir, con una reducción de entre un 65% y un 70% de su valor. Si tenemos en cuenta los intereses que Ecuador ya no tendrá que pagar, puesto que ha comprado títulos que vencen en 2012 y en 2030, el Tesoro Público ahorró en torno a 7 280 millones de dólares para los próximos 21 años. Esto ha permitido encontrar nuevos medios financieros y aumentar el gasto social en la sanidad, la educación, la ayuda social y el desarrollo de infraestructuras de la comunicación.
Como consecuencia, la deuda de Ecuador descendió de 17.475 millones de dólares en 2008 a 13.686 millones en mayo de 2011, lo que representa una reducción de 3.789 millones de dólares. El saldo de la deuda externa pública fue restablecido a 8.705 millones, mientras que el de la deuda privada quedó en 4.981 millones.
Esta actitud original y soberana del Gobierno responde a preceptos precisos inscritos en la nueva Constitución ecuatoriana aprobada por sufragio universal en septiembre de 2008. En especial, el artículo 290 somete todo endeudamiento futuro a las siguientes reglas:
1. Se recurrirá al endeudamiento público sólo cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes de la cooperación internacional sean insuficientes.
2. Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza.
3. Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructuras, o que tengan capacidad financiera de pago. Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa, siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para Ecuador.
La no devolución de la deuda decidida por Rafael Correa, le ha permitido a Ecuador ahorrar casi 7.000 millones de dólares (intereses incluidos), que se han reinvertido en el ámbito social.
Por otra parte, entre 2006 y 2011, el porcentaje del presupuesto estatal dedicado a la devolución de la deuda pasó del 24 al 7%, mientras que el relativo a los gastos sociales aumentó del 12 al 25%. Además, el crecimiento del PIB alcanzó una media del 4% desde 2006 y de un 7,8% en 2011, lo que permitió financiar el aumento de los salarios, las pensiones y la mejora general de las condiciones de vida.
En mayo de 2010, a raíz de un encuentro con el ex primer ministro griego Yorgos Papandreu, Rafael Correa le aconsejó, pero en vano, que Atenas dejase de pagar su deuda. Le explicó en términos simples pero significativos: “Es la lógica financiera: te caíste, me pagas más y más caro. Cuando la lógica del desarrollo tendría que ser: te caíste, pues te levanto y después ya veremos cómo nos arreglamos”. Reiteró este consejo el 8 de octubre de 2011 a los países europeos afectados por la “crisis de la deuda”, que no es más que un pretexto para la implementación de políticas austeritarias.
Si analizamos las medidas regionales, coherentes con las políticas mencionadas, se puede destacar que en marzo de 2007, siete países de UNASUR (Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Brasil y Uruguay) decidieron restablecer márgenes de maniobra creando el Banco del Sur, una institución financiera que dispondrá de una parte de las inmensas reservas –entre 7.000 y 20.000 millones de dólares– para el desarrollo del continente.
Y Ecuador añadió otros dos pilares a la nueva arquitectura financiera regional con la Declaración de Quito de mayo de 2007. Propone la creación de un fondo de estabilidad regional, el Fondo del Sur, y una unidad de cuenta común que abra el camino a la futura unión monetaria sudamericana. De ahí el SUCRE, o Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, boceto de una moneda común.
Tras cinco años de Revolución Ciudadana, Ecuador ha logrado encontrarse por primera vez en una situación que le permite realizar una distribución adecuada de la renta y la riqueza, promover la producción nacional, la integración regional, el respeto a los derechos de los trabajadores y la estabilidad económica.
Aunque todavía quedan objetivos por alcanzar, las cifras de la revolución productiva y económica son reveladoras de un cierto optimismo. El paro y los contratos precarios se han reducido, la pobreza ha disminuido. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Ecuador es el segundo país de la región que más ha reducido su índice de pobreza, que ha caído 9 puntos situándose en un 28,6%. En 2011, 650.000 personas salieron de la pobreza.
Gracias al crecimiento económico y a la gestión responsable de las finanzas, la deuda pública en relación al PIB ha descendido a su nivel más bajo en la historia. En octubre de 2011, se situaba en un nivel del 22% (14% de deuda externa y 8% de deuda interna). Ecuador ha conseguido imponerse a la deudocracia. Y ya no está en venta.
Por CARLOS JÁTIVA, Embajador de Ecuador en París
06 agosto 2012
MITOA NOS HABLA DE LA AUDITORÍA DE LA DEUDA
El prestigioso presentador radiofónico y documentalista freelance, Mitoa Edjang Campos, nos ofrece en esta entrevista una visión clara y concisa sobra las causas que han provocado esta oscura crisis financiera que está devorando actualmente el sistema de servicios públicos estatales, por todo el globo. Con sus esclarecedoras palabras, la Auditoria de la Deuda Pública de Barcelona espera poder aportar algo de luz en las tinieblas que ha prvocado el desbocado sistema capitalista que nos subyuga.
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