Más porquería que aflora sobre el Estado español. Los "ejemplares" demócratas Juan Carlos y Suárez colaborando con la Junta militar-psicópata de Videla y compañía

 

LOS ARCHIVOS SECRETOS DE ESPAÑA Y ARGENTINA (III)

Torturadores argentinos recibieron cursos en instituciones españolas

El régimen de Videla y el gobierno de Suárez mantuvieron una activa colaboración a nivel represivo, según figura en varios archivos secretos de ambos países

      

Videla firmando acuerdos de colaboración con el Rey Juan Carlos.GETTY                              

El teniente argentino Antonio "Trueno" Pernías, actualmente preso en Buenos Aires por cometer crímenes de lesa humanidad, era un hombre de acción: por sus manos -y su sala de tortura- pasaron muchos hombres y mujeres que hoy siguen sin aparecer. Su compañero Enrique Scheller, alias "Pingüino", también fue señalado por algunos sobrevivientes como un sádico torturador. Entre 1978 y 1980, ambos individuos formaron parte de la embajada de Argentina en España, donde se dedicaron a perseguir y controlar al numeroso colectivo de refugiados argentinos que vivían en este país. A pesar de las denuncias que existían en su contra, el gobierno de Suárez les dio pasaportes y permitió que llevaran revólveres.

 

Sus nombres no son un caso aislado. Tal como confirman diversos documentos reservados en poder de Público, la delegación diplomática argentina fue utilizada como uno de los principales centros de operaciones de la dictadura en Europa, con una doble misión: controlar a los exiliados y contrarrestar las denuncias internacionales contra el régimen. Allí todos iban armados, gracias a las licencias que el gobierno de Adolfo Suárez concedía sin rechistar. Según consta en los archivos secretos, el embajador Leandro Enrique Anaya tenía permiso para utilizar una pistola Smith Wesson calibre 38. Su secretario, Jorge Vigano, disponía de un revólver Astra, mientras que el consejero económico y comercial, Carlos Vailati, portaba un modelo cobra del revólver Colt. Tampoco faltaba pólvora en el Consulado General de Madrid, donde su máximo responsable, Luis Vila Ayres, gozaba de un "permiso de portación de arma de defensa personal": una pistola Browning calibre 7,65.

 

Tras dotar de armamento a sus funcionarios, los militares argentinos montaron un servicio de espionaje con sede principal en la embajada de Madrid y sucursales en las oficinas consulares de Barcelona, Bilbao y Cádiz. En esta nutrida red no sólo participaron los funcionarios de las representaciones en España, sino que también tomaron parte los militares que eran enviados a este país bajo la excusa de realizar "cursos de formación" en instalaciones del ejército y la marina española.

 

Uno de los primeros en cumplir estas funciones fue el teniente coronel Antonio José Deimundo Piñeiro, quien durante el curso 1976-1977 asistió a la escuela del Estado Mayor del Ejército en Madrid. Ya fuese dentro o fuera del aula, Piñeiro tenía la autorización del gobierno español para portar un revolver calibre 38 "modelo detective" de la marca Colt y disponía de pasaporte oficial, al igual que su mujer y sus hijos. Al volver a Argentina en 1977, el experimentado militar se dedicó a coordinar la salvaje represión en la provincia de Misiones, al norte del país.

Intercambio represivo

Los documentos a los que ha accedido este periódico confirman que España y Argentina mantuvieron un estrecho intercambio de policías y militares para la realización de cursos oficiales. En el marco de esas relaciones, el 23 de septiembre de 1977 el Jefe de la Policía Federal Argentina -una de las fuerzas represivas que secuestraba, torturaba y asesinaba a los militantes antidictatoriales-, Edmundo René Ojeda, hizo llegar al gobierno de UCD el plan anual de becas de ese cuerpo. Por primera vez, la oferta de la dictadura de Videla incluía a miembros de la Guardia Civil y de la Policía.

 

 

El gobierno de Suárez no rechazaría la oferta del régimen argentino. El 25 de noviembre de 1977, el ministerio de Exteriores a cargo de Marcelino Oreja confirmó por medio de una carta que un oficial de la Guardia Civil y otro de la Policía Armada estudiarían en Argentina. En concreto, los efectivos elegidos realizarían el curso de Explosivos, que comenzaba el 23 de octubre de 1978 y tenía una duración de diez días, en los que sus asistentes recibirían capacitación sobre el "manipuleo, desarme y transporte de artefactos incendiarios y/o explosivos y la realización de pericias o informes judiciales".

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