El Senado de EE.UU. aprueba el proyecto de ley que permite demandar a Arabia Saudita por el 11-S
Esta norma, a la que se opone el Gobierno de Barack Obama, permitiría que las familias de las víctimas de los atentados de 2001 demanden al país árabe.
El Senado de Estados Unidos ha aprobado por unanimidad un proyecto de ley que expondría a Arabia Saudí a riesgos legales por cualquier participación que hubiera tenido en los atentados que vivió el país norteamericano el 11 de septiembre de 2001, informa 'The New York Times'.
"Algo de justicia"
El proyecto de ley, denominado 'Justicia contra los patrocinadores de actos terroristas', permitiría a los estadounidenses demandar a los estados nación por los ataques terroristas perpetrados en Estados Unidos. Esta norma facilitaría que las familias de las víctimas del 11-S demandaran al Gobierno saudita por su posible responsabilidad en los acontecimientos.
El senador Charles Schumer ha comentado al periódico 'The Hill' que, "como neoyorquino", tiene "mucho cariño" a este proyecto de ley porque permitiría que las víctimas del 11-S busquen "algo de justicia".
El paso siguiente será que el documento pase a la Cámara Baja del Congreso, la Cámara de Representantes, que tiene su propia versión de la propuesta.
Oposición al proyecto de ley
'The New York Times' señala que, con esta aprobación, el Congreso norteamericano ha dado un paso más para enfrentarse con la Casa Blanca, que se opone a la legislación y ha amenazado con vetarla.
La norma también tiene en contra a la Cámara Baja del Congreso. De hecho, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, ha declarado que tienen que "revisar" su contenido "para asegurarse de que no estamos cometiendo errores con nuestros aliados".
El medio escribe que esta maniobra del Senado de EE.UU. es "otro signo de la escalada de tensiones en la relación entre Estados Unidos y Riad". Así, el Gobierno de Arabia Saudita ha criticado la aprobación de esta legislación y sus altos cargos ya advirtieron a las autoridades norteamericanas que, si aprobaban la normativa, podrían empezar a vender los activos que poseen en su país, que rondan los 750.000 millones de dólares.
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