Vincenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona
La publicación por parte de los mayores medios de comunicación del mundo occidental de las empresas ficticias establecidas con la ayuda de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca ha creado un gran revuelo, pues documenta lo que todo el mundo ya conoce, a saber, que el 1% de la población mundial (y el 1% de la gente más rica en cada país) deposita su dinero en paraísos fiscales a fin de esconderlo y/o evitar pagar impuestos en su propio país. Tal descubrimiento, por lo tanto, no es una novedad. La gran mayoría de la población sabe que los “super-ricos” tienen su dinero en paraísos fiscales. Lo que no saben, sin embargo, es que esta situación sería fácilmente corregible si hubiera voluntad para resolverla. Que no se resuelva se debe a que las personas que podrían hacerlo están ellas mismas implicadas en la transferencia de fondos a estos paraísos fiscales, o pertenecen a instituciones (representativas o no representativas) sumamente dependientes e influenciadas por los grupos financieros o empresariales, que son los que se benefician de tales paraísos. Es también ampliamente conocido que los mayores bancos en cada país, incluido en España, están metidos hasta la médula en este proceso de falsificación de empresas en dichos paraísos. Hasta aquí todo esto es conocido.
Ahora bien, lo que despierta gran interés y también curiosidad es ver los nombres concretos de los personajes relacionados con estos paraísos fiscales. Que ahora se vaya conociendo quién depositó allí sus fondos es una buena noticia. Y, sin embargo, tiene un gran problema que no se cita. Y este problema es que la enorme cantidad de información que se está descubriendo está siendo canalizada por los mismos medios de comunicación que han sido cómplices con el silencio ensordecedor que ha existido sobre este tema. Veamos, pues, los datos.
¿Quién obtuvo estos datos?
La investigación conocida ahora como “Panamá Papers” la ha realizado el International Consortium of Investigative Journalists (el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación), que ha sido financiado por varias instituciones estadounidenses tales como la Ford Foundation, el Carnegie Endowment, el Rockefeller Family Fund, la WK Kellog Foundation y la Open Society Foundation (financiada por el filántropo George Soros). Y tal información ha sido canalizada a través de los mayores rotativos a los dos lados del Atlántico Norte, y muy en particular los medios de la Unión Europea y de EEUU, que tienen su propia agenda en la distribución de tal información. En realidad, el periódico alemán Süddeutsche Zeitung (SZ) fue el primer receptor de parte de aquella información que también fue recogida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, distribuyéndose a partir de entonces a través de The Guardian y otros medios. Son estos medios los que controlan esta información, habiendo mostrado solo una parte de los 11,5 millones de documentos recogidos. Esta situación es particularmente preocupante en España, donde los mayores medios de información tienen una relación muy estrecha, de dependencia financiera, con los grandes bancos del país (como el BBVA, el Santander y otros), bancos que han jugado un papel fundamental en canalizar dinero hacia otros paraísos fiscales, incluyendo Panamá. Es bien conocido que la gran prensa de España carece de diversidad ideológica, consecuencia, en parte, de la dependencia de tales medios de la gran banca que los financia.
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