Este artículo cuestiona algunos
de los argumentos que utilizan los defensores del Tratado de Libre
Comercio entre EEUU y la Unión Europea, señalando que este tratado no
facilitará el comercio entre los dos continentes, tal como sus
proponentes asumen.
La gran mayoría de la población española
no ha oído ni leído prácticamente nada sobre el llamado Tratado de
Libre Comercio entre EEUU y la Unión Europea. Y lo poco que habrá leído u
oído le habrá parecido que es un tema que debería favorecerse, pues un
tratado con este título seguro que aumentará el comercio entre los dos
lados del Atlántico Norte, y con ello la actividad económica y la
creación de empleo. Los mayores medios de información y persuasión, en
manos de grandes grupos financieros y empresariales, o bajo el control
de opciones políticas próximas a estos intereses, seguro que proveerán
las cajas de resonancia para que el lector, el oyente y el televidente
de tales medios saque esta percepción de dicho tratado.
Y ahí está el problema, pues tal tratado
afectará a la gran mayoría de la población en términos desfavorables a
sus estándares de vida y al nivel de protección social que ha adquirido,
protección que se debilitará considerablemente con la aplicación de ese
tratado. Y la causa de que ello ocurra así y no de otra manera es
consecuencia del enorme poder que los grandes conglomerados económicos y
financieros tienen sobre el Estado federal de EEUU y sobre los Estados
miembros de la Unión Europea. Y existe evidencia muy robusta de que ello
será así. Solo basta mirar otros tratados semejantes para ver quién se
ha beneficiado de ellos y quién ha salido perjudicado.
La experiencia de otros tratados de libre comercio
Hace algo más de un mes, el Premio Nobel
de Economía Joseph Stiglitz escribió un artículo en el New York Times
(31.01.15), significativamente titulado “No negocien con nuestra salud”
(“Don’t Trade Away our Health”), en el que detallaba cómo la industria
farmacéutica, una de las más poderosas en EEUU (y en Europa), estaba, en
realidad, escribiendo las reglas del nuevo Tratado de Libre Comercio de
la Asociación Trans-Pacífico (Trans-Pacific Partnership, TPP), que
regula el intercambio internacional de fármacos en los países del
Pacífico. El objetivo de dicha industria es crear sistemas de propiedad
monopolística (que entran en conflicto, por cierto, con el libre
comercio) que imposibiliten medidas que rompan con tal monopolio. Y la
manera de conseguirlo es dar a la industria el poder para definir el
precio de los productos farmacéuticos mediante el establecimiento de
patentes, por un lado, e imposibilitando el desarrollo, venta y
distribución de productos genéricos, no sujetos a patentes, por otro.
Tener una patente quiere decir que la industria que ha producido el
fármaco patentado tiene pleno control de la producción y distribución
del producto durante un largo periodo de tiempo, lo cual le permite
pedir el precio que quiera por el fármaco. El caso más conocido es la
producción de la medicina que cura la Hepatitis C, cuyo precio en EEUU
es nada menos que de 84.000 dólares por paciente, mientras que en la
India, una versión genérica (no patentada) del fármaco se vende por
menos de un 1% de ese precio.
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