Este artículo señala que las
políticas de reducción del déficit, impuestas por el Estado central a
todos los otros niveles del Estado, están desmantelando el Estado del
Bienestar en España.
Hoy estamos viendo el desmantelamiento
del Estado del Bienestar en España a base de recortes del gasto público
social, que son de los más marcados en la Unión Europea de los Quince,
el grupo de países de la Unión Europea (UE) más semejante a España en
cuanto a nivel de desarrollo económico. Tales recortes incluyen el gasto
en sanidad, en educación (desde escuelas de infancia a centros
universitarios), en servicios sociales, en servicios domiciliarios, en
vivienda social, en prevención de la exclusión social, en ayudas a las
familias y en programas de integración de los inmigrantes, entre otros.
Estos recortes empobrecen todavía más estos servicios públicos del
Estado del Bienestar español, uno de los más subfinanciados de la UE-15.
El gasto público social español por habitante ha sido y continúa siendo
de los más bajos de la UE-15. Algo parecido ocurre con las
transferencias públicas del Estado del Bienestar, como pensiones y
ayudas a las familias y a las personas pobres y más vulnerables de la
sociedad, en el preciso momento en el que las necesidades de estos
grupos son mayores como consecuencia de las crisis económica y
financiera, denominadas en la literatura económica como la Gran
Recesión, que para millones de españoles es, en realidad, la Gran
Depresión.
Este empobrecimiento del sector público
explica su creciente privatización, con el consiguiente aumento del
gasto privado en pensiones y en los servicios citados anteriormente,
entre los cuales, los servicios sanitarios están entre los más
afectados. España es hoy uno de los países de la UE-15 que tiene uno de
los gastos públicos sanitarios más bajos y uno de los gastos privados
sanitarios más altos. Una consecuencia de ello es que España tiene una
sanidad muy polarizada por clase social: el 30% de renta superior del
país (burguesía, pequeña burguesía y clases medias profesionales de
renta superior) utiliza la sanidad privada, y el 70% restante (clase
trabajadora y clases medias de renta media y baja) utiliza la sanidad
pública. Esta polarización social es profundamente ineficaz y sumamente
preocupante, pues, aun cuando la sanidad privada es mejor que la pública
en componentes básicos de gran importancia como la comodidad, las
listas de espera y el trato personal (una cama por habitación), la
pública es mucho mejor en la calidad profesional e infraestructura
técnica y científica, como lo atestiguan muchos estudios realizados en
el país. En realidad, la sanidad privada transfiere los pacientes graves
a la pública, parasitándola constantemente. Debería ser obvio que lo
que España necesita es un sistema público multiclasista y universal que
tenga las comodidades (“patient friendliness”) que tiene la privada, con
la calidad que tiene la pública. Pero ello requiere un gasto público
mucho mayor, que es precisamente lo contrario de lo que está ocurriendo.
Los recortes están acentuando más y más la polarización por clase
social de la sanidad en España.
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