Es hora de nombrar a las élites por lo que son, psicópatas con poder económico y político

“Estamos gobernados por psicópatas, no sienten el dolor que causan”

El abogado Endika Zulueta asegura que el Gobierno “teme a los movimientos sociales como agentes políticos con los que tratar de tú a tú y por eso los criminaliza con la excusa de la violencia”.

“La cárcel es el máximo símbolo del desamparo, llena de personas pobres y solas”, denuncia.
“Se está legitimando la represión policial como una herramienta para resolver los problemas”, sostiene Zulueta.

Endika Zulueta, en el exterior del Palacio Miramar, en San Sebastián.

Endika Zulueta (San Sebastián, 1964) es un letrado donostiarra que desde hace más de 20 años trabaja en Madrid vinculado a movimientos alternativos y antiglobalización en la defensa de los derechos fundamentales. Miembro de la Asociación Libre de Abogados, pertenece, desde su inicio, a la Comisión Legal del 15 M en Madrid. Recientemente ha intervenido en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco (UPV), donde ha alertado de la progresiva “criminalización de la pobreza” por parte del Gobierno. “Estamos gobernados por psicópatas, no sienten el dolor que causan”, se lamenta y tacha al Código Penal como “el código represivo por excelencia”, encaminado a “enjuiciar a la población más pobre y más disidente con la actual situación socioeconómica.

El progresivo endurecimiento del Código Penal augura malos tiempos para la movilización ciudadana. 

Se está aplicando el derecho penal de autor. Aquí no se está criminalizando los hechos, sino las personas. No es tan importante lo que uno hace, sino lo que uno es. Si es pobre, inmigrante, vive en determinados lugares y viste con una ropa característica es objeto de sospecha e interviene el estado con su mecanismo policial-judicial. Es decir, hay una presunción de culpa. Además, se ha creado una legislación para criminalizar los comportamientos de personas con escasos recursos económicos. Lo que hacen las personas de las élites favorecidas nunca es delito, pueden desalojar a la gente de sus casas, pueden estafar….la posibilidad de que cometan un delito es difícil porque no está tipificado como tal. El Código Penal es el código represivo por excelencia. La clase política que defiende los intereses de las clases más privilegiadas es la que establece qué es y qué no es delito. Por eso, se enjuicia a la población más pobre y más disidente con la actual situación socioeconómica. El Gobierno teme a los movimientos sociales como agentes políticos con los que tratar de tú a tú y por eso los criminaliza con la excusa de la violencia.

Las reformas del Código Penal persiguen la disidencia política, por más pacífica que esta sea, a través de la superprotección de la autoridad. Se considera delito el atentado a la autoridad, la resistencia a la autoridad, la desobediencia a la autoridad, la desconsideración debida a la autoridad…

La cárcel está llena de pobres.

Sí, pero pobres de solemnidad. La cárcel es el máximo símbolo del desamparo, llena de personas pobres y solas. Una gran parte de los reclusos está enferma por la adicción a las drogas. ¿Delincuentes? Se trata de personas que cometen delitos con el fin de poder conseguir la sustancia que les ayuda a sobrevivir en un mundo que les quita la esperanza.

Es decir, que se criminaliza la pobreza.

El nuevo proyecto de ley prevé la penalización de conductas que deberían estar amparadas por los derechos fundamentales de manifestación, de reunión y de libertad de expresión. Todo ello forma parte del ‘golpe de Estado’ al llamado Estado de bienestar protagonizado por los mercados. Ya no hace falta que salgan los tanques a la calle para encontrarnos con una policía altamente militarizada, regida por valores típicos militares y en una situación en la que se criminaliza la legítima protesta política. Se está legitimando la represión policial como una herramienta para resolver los problemas.

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