Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Estos últimos días de septiembre ocurrieron cuatro hechos que definen con toda claridad la raíz del problema al que España se enfrenta. Uno fue la presentación del presupuesto por parte del Gobierno español en el que se indica que el Estado tendrá que pagar casi 40.000 millones de euros a los acreedores (la mayoría bancos extranjeros y españoles) para cubrir lo que se les debe como consecuencia de tener que abonarles los intereses de la deuda pública española que poseen.
Esta elevada cantidad se debe a los altos intereses de tal deuda, consecuencia, en gran parte, no de la especulación de los mercados financieros –como constante y erróneamente se asume en los medios donde la sabiduría convencional se reproduce– sino de la oposición del Banco Central Europeo a comprar deuda pública en los mercados primarios, es decir, directamente al Estado español, como hace cualquier Banco Central digno de su nombre (tal como el Federal Reserve Board de EEUU, el Banco de Inglaterra en Gran Bretaña o el Banco de Japón).
Los máximos beneficiarios de estos pagos del Estado a los acreedores son los bancos españoles y europeos (entre los cuales sobresalen los alemanes que tienen una excesiva dimensión, influencia y protagonismo en las instituciones de la Eurozona) que recibieron prestado dinero del mismo BCE a unos intereses por debajo de un 1%, con el cual compraron deuda pública española a unos intereses del 6% y el 7%.
Un negocio redondo para tales instituciones financieras, que consiguieron gracias a la ayuda del BCE, que no es un banco central sino un lobby de la banca y muy en especial de la banca alemana. A aquellos que consideren el término lobby una exageración les aconsejo que lean, no ya las actas del BCE (que son secretas) sino las publicaciones de tal institución. Y verán si dicho término es o no adecuado para definir el BCE, el mayor promotor hoy en la Eurozona de las políticas de austeridad (austeridad, por cierto, que no aplica a su propio comportamiento, pues acaba de estrenar una sede exuberante en Frankfurt que ha costado seis veces más de lo inicialmente calculado y que albergará a los funcionarios mejor pagados del establishment público europeo). En tales boletines, la defensa de los intereses de la banca es central en la percepción de lo que el BCE considera ser su función. Tal defensa se viste con el traje de que “su misión es controlar la inflación”. En esta defensa de sus intereses, irán a extremos que van desde desmantelar la Seguridad Social en España, hasta recuperar la semana laboral de seis días. Es, como bien dice Noam Chomsky, la lucha de clases unilateral de una minoría –la banca– en contra de todos los demás.
Sigue leyendo: http://blogs.publico.es/dominiopublico/5883/la-gran-estafa-el-presupuesto-de-2013/
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Estos últimos días de septiembre ocurrieron cuatro hechos que definen con toda claridad la raíz del problema al que España se enfrenta. Uno fue la presentación del presupuesto por parte del Gobierno español en el que se indica que el Estado tendrá que pagar casi 40.000 millones de euros a los acreedores (la mayoría bancos extranjeros y españoles) para cubrir lo que se les debe como consecuencia de tener que abonarles los intereses de la deuda pública española que poseen.
Esta elevada cantidad se debe a los altos intereses de tal deuda, consecuencia, en gran parte, no de la especulación de los mercados financieros –como constante y erróneamente se asume en los medios donde la sabiduría convencional se reproduce– sino de la oposición del Banco Central Europeo a comprar deuda pública en los mercados primarios, es decir, directamente al Estado español, como hace cualquier Banco Central digno de su nombre (tal como el Federal Reserve Board de EEUU, el Banco de Inglaterra en Gran Bretaña o el Banco de Japón).
Los máximos beneficiarios de estos pagos del Estado a los acreedores son los bancos españoles y europeos (entre los cuales sobresalen los alemanes que tienen una excesiva dimensión, influencia y protagonismo en las instituciones de la Eurozona) que recibieron prestado dinero del mismo BCE a unos intereses por debajo de un 1%, con el cual compraron deuda pública española a unos intereses del 6% y el 7%.
Un negocio redondo para tales instituciones financieras, que consiguieron gracias a la ayuda del BCE, que no es un banco central sino un lobby de la banca y muy en especial de la banca alemana. A aquellos que consideren el término lobby una exageración les aconsejo que lean, no ya las actas del BCE (que son secretas) sino las publicaciones de tal institución. Y verán si dicho término es o no adecuado para definir el BCE, el mayor promotor hoy en la Eurozona de las políticas de austeridad (austeridad, por cierto, que no aplica a su propio comportamiento, pues acaba de estrenar una sede exuberante en Frankfurt que ha costado seis veces más de lo inicialmente calculado y que albergará a los funcionarios mejor pagados del establishment público europeo). En tales boletines, la defensa de los intereses de la banca es central en la percepción de lo que el BCE considera ser su función. Tal defensa se viste con el traje de que “su misión es controlar la inflación”. En esta defensa de sus intereses, irán a extremos que van desde desmantelar la Seguridad Social en España, hasta recuperar la semana laboral de seis días. Es, como bien dice Noam Chomsky, la lucha de clases unilateral de una minoría –la banca– en contra de todos los demás.
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