Tercera caja intervenida
La Generalitat valenciana autorizó créditos al 0% al Consejo de la CAM
Los préstamos a consejeros requerían el visto bueno del Gobierno autónomo - Buena parte de las operaciones se cerraron a tipos inferiores a los de mercado
ÍÑIGO DE BARRÓN - Madrid - 27/07/2011
La búsqueda acelerada de culpables de la crisis financiera empieza a poner nerviosos a los políticos. En Washington, en Londres y en Madrid y Valencia. La Caja Mediterráneo (CAM), que llegó a ser la cuarta de España, ha quebrado y amenaza con hacer perder miles de millones al Estado, por lo que la tensión política ha subido. Y a medida que se vayan conociendo los detalles internos de su administración, subirá más. El PP, que controlaba la entidad, dispara para otro lado: todo fue culpa del Gobierno y del Banco de España.
Los malos resultados de la CAM no impidieron a sus consejeros autoconcederse 161 millones en créditos, entre 2004 y 2010. Mientras tanto, sus clientes sufren ahora para que les concedan los préstamos o los reciben a precios elevados. La generosidad de la CAM con sus consejeros llegó incluso a permitir algunas líneas de descuento y préstamos a cinco y seis años al 0% de tipo de interés. Esto sucedió sobre todo en 2008, y los agraciados fueron Modesto Crespo, que luego ocupó la presidencia, Manuel Navarro, Gregorio Fernández y Juan Ramón Avilés, según los datos del informe de Gobierno Corporativo de la entidad. En total dispusieron de hasta 4,6 millones sin intereses. En 2008 los tipos de interés oficiales estaban en torno al 4%.
En otros ejercicios también se concedieron créditos ventajosos, aunque sin llegar a precios tan atractivos. En 2004 fueron habituales los préstamos al Euríbor más 0,75 puntos o al 3% directamente. Lo mismo ocurrió en años posteriores, aunque los importes fueron subiendo de forma exponencial. Aniceto Benito, expresidente honorario del PP de Alicante y del Hércules, destaca por haber recibido alrededor de 50 millones en cinco ejercicios. Antonio Magraner, Juan Ramón Avilés y Ginés Pérez Ripoll, también destacan por las fuertes cantidades que obtuvieron como créditos o descuentos comerciales.
Esta práctica no era un secreto. Crespo y María Dolores Amorós, directora general, tenían la facultad de conceder créditos solo con el acuerdo de ambos en casos de urgencia. No obstante, todos los miembros del consejo eran informados de las operaciones. Pero eso no quedaba dentro de la propia entidad. La Generalitat valenciana también conocía lo que estaba ocurriendo. El Gobierno valenciano autorizó cada uno de estos préstamos, como establece la Ley de Cajas de la Comunidad Valencia, que data de 1997.
Según esta norma, con carácter general, "los vocales de los consejos de administración, así como sus cónyuges, ascendientes o descendientes y las sociedades en que dichas personas participen mayoritariamente en el capital", "no podrán obtener créditos, avales ni garantías de la caja de ahorros respectiva o enajenar a la misma bienes o valores de su propiedad o emitidos por tales entidades, sin que exista acuerdo del Consejo de la caja y autorización del Instituto Valenciano de Finanzas". Ese Instituto fue creado en 1990 como una Entidad de Derecho Público sujeta a la Generalitat y adscrita a la Conselleria de Economía. Fuentes de la Generalitat comentaron ayer que la autorización "es un mero trámite administrativo. El Instituto recibe los informes del consejo, con su catalogación del riesgo, y se autoriza. No se evalúan los riesgos porque el Instituto no es competente para ello. Es la misma forma de trabajar que el resto de la Administración del Estado", aclaran.
Según la memoria de 2010, la CAM mantiene créditos vivos con los consejeros por valor de 114,13 millones del total de 161 millones en créditos, descuentos y avales que se concedieron desde 2004. Otras cajas de ahorros también tienen créditos a sus consejeros, aunque entre la docena de entidades consultadas ayer -incluidas Cajasur y Caja Castilla-La Mancha- ninguna a precios tan bajos.
La cuantía de los préstamos ha provocado reacciones de diferentes fuerzas políticas. El PSOE de Murcia pidió que las autoridades regionales analicen el reparto de créditos baratos entre la cúpula de la CAM que se "han podido repartir como rosquillas en los últimos años". El portavoz de Compromís, Enric Morera, reclamó cambios políticos y legislativos para favorecer una "regeneración democrática" en la Comunidad Valenciana, mientras que el candidato a la presidencia de la Generalitat, Alberto Fabra, le pidió "no perder el tiempo" con "debates estériles". La portavoz de EUPV, Marga Sanz, reclamó responsabilidades sobre lo que ha ocurrido en la caja alicantina y pidió su nacionalización.
La Asociación Valenciana de Consumidores (AVACU) reclamó que el Banco de España "profundice en dotar de más transparencia a entidades que soliciten fondos al Estado, sobre todo si hay casos de préstamos o remuneraciones a los consejeros".
Estaban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP, tiene muy claro a quién hay que pedir cuentas: "Si se quieren pedir responsabilidades, que en democracia nunca está mal pedirlas", hay que "empezar por el Banco de España y por el Ministerio de Economía". "No empezar así es vivir en otro mundo, no en el real", apostilló ayer. Pons no tuvo en cuenta ni a los gestores de la entidad ni a la institución supervisora en primera instancia, la Generalitat valenciana.
Mientras, los administradores nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), han dado orden de revisar todos los préstamos relevantes pendientes de concesión para mejorar las garantías y recuperar el dinero. Además, han impedido que se firmen nuevos créditos en las oficinas. No hay que olvidar que la morosidad de la CAM es la mayor del sistema, el 8,5%, según el último dato oficial. Tras las intervenciones públicas, esta ratio siempre ha crecido con fuerza.
Las malas noticias persiguen a esta caja. La agencia de medición de riesgo Fitch confirmó ayer la calificación de la deuda a largo plazo de la CAM como "bono basura" y ha bajado su viabilidad a una nota "muy pobre" por sus altos riesgos de impago.
Fuente:
La búsqueda acelerada de culpables de la crisis financiera empieza a poner nerviosos a los políticos. En Washington, en Londres y en Madrid y Valencia. La Caja Mediterráneo (CAM), que llegó a ser la cuarta de España, ha quebrado y amenaza con hacer perder miles de millones al Estado, por lo que la tensión política ha subido. Y a medida que se vayan conociendo los detalles internos de su administración, subirá más. El PP, que controlaba la entidad, dispara para otro lado: todo fue culpa del Gobierno y del Banco de España.
Los malos resultados de la CAM no impidieron a sus consejeros autoconcederse 161 millones en créditos, entre 2004 y 2010. Mientras tanto, sus clientes sufren ahora para que les concedan los préstamos o los reciben a precios elevados. La generosidad de la CAM con sus consejeros llegó incluso a permitir algunas líneas de descuento y préstamos a cinco y seis años al 0% de tipo de interés. Esto sucedió sobre todo en 2008, y los agraciados fueron Modesto Crespo, que luego ocupó la presidencia, Manuel Navarro, Gregorio Fernández y Juan Ramón Avilés, según los datos del informe de Gobierno Corporativo de la entidad. En total dispusieron de hasta 4,6 millones sin intereses. En 2008 los tipos de interés oficiales estaban en torno al 4%.
En otros ejercicios también se concedieron créditos ventajosos, aunque sin llegar a precios tan atractivos. En 2004 fueron habituales los préstamos al Euríbor más 0,75 puntos o al 3% directamente. Lo mismo ocurrió en años posteriores, aunque los importes fueron subiendo de forma exponencial. Aniceto Benito, expresidente honorario del PP de Alicante y del Hércules, destaca por haber recibido alrededor de 50 millones en cinco ejercicios. Antonio Magraner, Juan Ramón Avilés y Ginés Pérez Ripoll, también destacan por las fuertes cantidades que obtuvieron como créditos o descuentos comerciales.
Esta práctica no era un secreto. Crespo y María Dolores Amorós, directora general, tenían la facultad de conceder créditos solo con el acuerdo de ambos en casos de urgencia. No obstante, todos los miembros del consejo eran informados de las operaciones. Pero eso no quedaba dentro de la propia entidad. La Generalitat valenciana también conocía lo que estaba ocurriendo. El Gobierno valenciano autorizó cada uno de estos préstamos, como establece la Ley de Cajas de la Comunidad Valencia, que data de 1997.
Según esta norma, con carácter general, "los vocales de los consejos de administración, así como sus cónyuges, ascendientes o descendientes y las sociedades en que dichas personas participen mayoritariamente en el capital", "no podrán obtener créditos, avales ni garantías de la caja de ahorros respectiva o enajenar a la misma bienes o valores de su propiedad o emitidos por tales entidades, sin que exista acuerdo del Consejo de la caja y autorización del Instituto Valenciano de Finanzas". Ese Instituto fue creado en 1990 como una Entidad de Derecho Público sujeta a la Generalitat y adscrita a la Conselleria de Economía. Fuentes de la Generalitat comentaron ayer que la autorización "es un mero trámite administrativo. El Instituto recibe los informes del consejo, con su catalogación del riesgo, y se autoriza. No se evalúan los riesgos porque el Instituto no es competente para ello. Es la misma forma de trabajar que el resto de la Administración del Estado", aclaran.
Según la memoria de 2010, la CAM mantiene créditos vivos con los consejeros por valor de 114,13 millones del total de 161 millones en créditos, descuentos y avales que se concedieron desde 2004. Otras cajas de ahorros también tienen créditos a sus consejeros, aunque entre la docena de entidades consultadas ayer -incluidas Cajasur y Caja Castilla-La Mancha- ninguna a precios tan bajos.
La cuantía de los préstamos ha provocado reacciones de diferentes fuerzas políticas. El PSOE de Murcia pidió que las autoridades regionales analicen el reparto de créditos baratos entre la cúpula de la CAM que se "han podido repartir como rosquillas en los últimos años". El portavoz de Compromís, Enric Morera, reclamó cambios políticos y legislativos para favorecer una "regeneración democrática" en la Comunidad Valenciana, mientras que el candidato a la presidencia de la Generalitat, Alberto Fabra, le pidió "no perder el tiempo" con "debates estériles". La portavoz de EUPV, Marga Sanz, reclamó responsabilidades sobre lo que ha ocurrido en la caja alicantina y pidió su nacionalización.
La Asociación Valenciana de Consumidores (AVACU) reclamó que el Banco de España "profundice en dotar de más transparencia a entidades que soliciten fondos al Estado, sobre todo si hay casos de préstamos o remuneraciones a los consejeros".
Estaban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP, tiene muy claro a quién hay que pedir cuentas: "Si se quieren pedir responsabilidades, que en democracia nunca está mal pedirlas", hay que "empezar por el Banco de España y por el Ministerio de Economía". "No empezar así es vivir en otro mundo, no en el real", apostilló ayer. Pons no tuvo en cuenta ni a los gestores de la entidad ni a la institución supervisora en primera instancia, la Generalitat valenciana.
Mientras, los administradores nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), han dado orden de revisar todos los préstamos relevantes pendientes de concesión para mejorar las garantías y recuperar el dinero. Además, han impedido que se firmen nuevos créditos en las oficinas. No hay que olvidar que la morosidad de la CAM es la mayor del sistema, el 8,5%, según el último dato oficial. Tras las intervenciones públicas, esta ratio siempre ha crecido con fuerza.
Las malas noticias persiguen a esta caja. La agencia de medición de riesgo Fitch confirmó ayer la calificación de la deuda a largo plazo de la CAM como "bono basura" y ha bajado su viabilidad a una nota "muy pobre" por sus altos riesgos de impago.
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