La Dirección General de la policía ha incoado expediente disciplinario por falta grave a tres antidisturbios que participaron en una agresión a viandantes durante la protesta del jueves pasado contra las cargas policiales por las cargas policiales posteriores a la marcha laica en Madrid contra los gastos públicos que ocasionó la visita del Papa. Los hechos fueron grabados en vídeo y han dado la vuelta al mundo en la Red.
Los agentes expedientados son el que propinó el jueves pasado un bofetón en la cara a Katerina M., la menor vestida de blanco que transitaba por la calle de Atocha de Madrid, así como los dos jefes de su unidad.
El director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ordenó esta medida ayer por la tarde al considerar que los agentes se extralimitaron en sus funciones e incumplieron los métodos de actuación reglados para los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP, antidisturbios).
Velázquez ha decidido la apertura del expediente una vez que ha sido concluida con celeridad la información reservada abierta por la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que había iniciado la investigación a raíz de la difusión del vídeo en el que se aprecia la agresión a la menor y a otro joven que la acompañaba (y que intentó alejarla de los policías), así como el posterior aporreamiento de un fotógrafo que captó los hechos. En la información reservada los tres agentes no han declarado y ha supuesto la recuperación de la información de los hechos, que han sido recopilados por el instructor del expediente.
El expediente deberá ahora seguir un cauce, por lo que no supone la inmediata imposición de sanciones, aunque sí podría conllevar la retirada temporal del servicio. No obstante, su resolución podría paralizarse temporalmente en caso de que se abra una causa penal (una posible falta de vejación injusta) por este mismo asunto. La posible sanción por falta grave va desde la suspensión de funciones de cinco días a tres meses.
La incoación del expediente supone el inicio de un procedimiento que incluye la toma de declaración de los agentes investigados y la práctica de cualquier otra prueba que se considere necesaria, después de lo cual el instructor designado formulará el correspondiente pliego de cargos. Posteriormente, el director general decidirá la posible sanción. Fuentes de la dirección han insistido en que se ha hecho "lo que se tenía que hacer".
El secretario general del Sindicato Unificado de Policías (SUP), Felipe Brihuega, ha manifestado a Europa Press que considera que el Ministerio del Interior "ha cedido ante la presión mediática" y ha añadido que también hubo gente que se "extralimitó" con los agentes. "También la policía tiene vídeos de personas que se extralimitan con los agentes. Se les escupe o se les mea", ha asegurado Brihuega, al tiempo que ha pedido que también se saquen esas imágenes y que ha preguntado "por qué ante la presión mediática no se defiende a los policías de otra manera". "Quieren acallar a la opinión pública", ha afirmado.
El portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Alfredo Perdiguero, ha criticado este miércoles que los políticos "nunca son responsables de nada" y que siempre pagan "los que están en la calle y obedecen" órdenes. "Por su inacción, por no mandar, por no aplicar la ley... somos nosotros los que al final lo pagamos, a los que sancionan. Eso demuestra al final que, por la desidia de los políticos, lo fácil es sancionar a la buena de dios, aplicar el régimen disciplinario por las presiones sociales de según qué gente", ha añadido.
Fuente:http://politica.elpais.com/politica/2011/08/24/actualidad/1314205496_640963.html
Los agentes expedientados son el que propinó el jueves pasado un bofetón en la cara a Katerina M., la menor vestida de blanco que transitaba por la calle de Atocha de Madrid, así como los dos jefes de su unidad.
El director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ordenó esta medida ayer por la tarde al considerar que los agentes se extralimitaron en sus funciones e incumplieron los métodos de actuación reglados para los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP, antidisturbios).
Velázquez ha decidido la apertura del expediente una vez que ha sido concluida con celeridad la información reservada abierta por la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que había iniciado la investigación a raíz de la difusión del vídeo en el que se aprecia la agresión a la menor y a otro joven que la acompañaba (y que intentó alejarla de los policías), así como el posterior aporreamiento de un fotógrafo que captó los hechos. En la información reservada los tres agentes no han declarado y ha supuesto la recuperación de la información de los hechos, que han sido recopilados por el instructor del expediente.
El expediente deberá ahora seguir un cauce, por lo que no supone la inmediata imposición de sanciones, aunque sí podría conllevar la retirada temporal del servicio. No obstante, su resolución podría paralizarse temporalmente en caso de que se abra una causa penal (una posible falta de vejación injusta) por este mismo asunto. La posible sanción por falta grave va desde la suspensión de funciones de cinco días a tres meses.
La incoación del expediente supone el inicio de un procedimiento que incluye la toma de declaración de los agentes investigados y la práctica de cualquier otra prueba que se considere necesaria, después de lo cual el instructor designado formulará el correspondiente pliego de cargos. Posteriormente, el director general decidirá la posible sanción. Fuentes de la dirección han insistido en que se ha hecho "lo que se tenía que hacer".
El secretario general del Sindicato Unificado de Policías (SUP), Felipe Brihuega, ha manifestado a Europa Press que considera que el Ministerio del Interior "ha cedido ante la presión mediática" y ha añadido que también hubo gente que se "extralimitó" con los agentes. "También la policía tiene vídeos de personas que se extralimitan con los agentes. Se les escupe o se les mea", ha asegurado Brihuega, al tiempo que ha pedido que también se saquen esas imágenes y que ha preguntado "por qué ante la presión mediática no se defiende a los policías de otra manera". "Quieren acallar a la opinión pública", ha afirmado.
El portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Alfredo Perdiguero, ha criticado este miércoles que los políticos "nunca son responsables de nada" y que siempre pagan "los que están en la calle y obedecen" órdenes. "Por su inacción, por no mandar, por no aplicar la ley... somos nosotros los que al final lo pagamos, a los que sancionan. Eso demuestra al final que, por la desidia de los políticos, lo fácil es sancionar a la buena de dios, aplicar el régimen disciplinario por las presiones sociales de según qué gente", ha añadido.
Fuente:http://politica.elpais.com/politica/2011/08/24/actualidad/1314205496_640963.html
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